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Watergate hunde a Richard Nixon

El 24 de julio de 1974 la Corte Suprema de los Estados Unidos obligó al presidente Richard Nixon a entregar las cintas grabadas de sus conversaciones relacionadas con el escándalo Watergate que hasta entonces se había negado a entregar a los investigadores

Todo había comenzado en 1972, cuando cinco intrusos fueron detenidos in fraganti en el edificio de oficinas Watergate, sede en Washington del Comité Nacional del Partido Demócrata. Bob Woodward, joven periodista del Washington Post, se acercó el 17 de junio a escuchar la audiencia preliminar de los acusados, algunos de ellos de Miami, detenidos en el edificio Watergate. Y resultó que uno de los detenidos era un antiguo consejero de seguridad de la CIA (James W. McCord jr. era su nombre). y otro de los acusados no tuvo mejor idea que decir que todos ellos eran “anticomunistas de profesión”. Carl Bernstein, también periodista del Washington Post, se unió a Woodward en lo que nunca imaginaron sería la investigación de un caso que terminaría con la renuncia del presidente de los EEUU.

Rápidamente averiguaron que el tal McCord era el coordinador general de seguridad del “Comité para la Reelección del Presidente Nixon”. Descubrieron también que había conexiones firmes entre los detenidos y personas cercanas a Nixon, ese tipo de personajes que están para resolver cosas desagradables u oscuras: “los hombres del presidente”.

Esos mismos personajes, avalados por Richard Nixon, trataron de asegurarse el silencio (más bien comprarlo) de los detenidos, pagándoles para ello grandes sumas de dinero.

Poco después John Mitchell, jefe de la campaña de Nixon, renunció a su puesto. Carl Bernstein descubrió que parte del dinero que la policía les había decomisado a los detenidos provenía de donaciones para la reelección del presidente republicano, cuyo reparto había supervisado y bendecido el dimitido Mitchell. Cada noche, tras el cierre del periódico, Bernstein y Woodward se dedicaban a visitar en sus casas a los empleados del Comité para la Reelección del Presidente intentando sacarles información, y finalmente dos de ellos, una empleada contable y un responsable de finanzas, preocupados por la dimensión que había alcanzado un caso que evidenciaba el uso ilegal de fondos para la campaña, revelarían muchos datos importantes.

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Pero la fuente de información más decisiva fue la que durante más de 35 años Bob Woodward guardó en el anonimato, un personaje al que enmascaró con el nombre de “Garganta Profunda”. Esta persona tenía un puesto importante en la administración Nixon, y sus contactos con Woodward eran más que protegidos y secretos. Garganta Profunda no revelaba nueva información pero sí validaba los datos que requerían comprobación y orientaba a los periodistas a encaminar adecuadamente su investigación. También revelaría la agresiva estrategia de la Casa Blanca para espiar a sus rivales políticos, a reporteros y a cualquiera que consideraran desleal; “los enemigos”, según Nixon.

Woodward y Bernstein publican en septiembre que el dimitido Mitchell había controlado un fondo secreto para investigar a los demócratas. Mitchell lo negó y amenazó a Bernstein, pero tanto la propietaria del Washington Post, Katherine Graham, como el director, Ben Bradlee, respaldaron a sus periodistas para que siguieran adelante.

Nixon se sentía acosado por el Washington Post y su reacción fue poner todo su poder (su capacidad de conceder y renovar frecuencias de radio y televisión, por ejemplo) en contra de los intereses del diario. Las acciones de la empresa llegaron a caer un 25%. Era una manera de intentar frenar las investigaciones desde el poder. A pesar de lo que eso suponía para el Washington Post y su propietaria, tanto Graham como el director Bradlee decidieron seguir publicando los hallazgos de la investigación; después de todo, ninguno de los hechos narrados había sido refutado.

A principios de noviembre de 1972, Nixon ganó de manera irrefutable las elecciones presidenciales (iba por su reelección) sin que el escándalo afectase el resultado de las mismas.

En enero de 1973, el juicio a los asaltantes del Watergate concluyó con una amplia lista de condenas, incluida la de James W. McCord. Este ex agente de la CIA transformado en jefe de espías republicano volvió a ser clave cuando, en marzo, envió una carta al juez afirmando que había cometido perjurio, que los acusados habían recibido presiones para declararse culpables y callar, que había altos personajes implicados y que temía por su vida “si revelo todo lo que sé sobre este asunto”. La carta marcó un giro en la cobertura del caso y toda la prensa apareció en masa a ocuparse del mismo. El Washington Post ya no era el único.

El Senado formó un comité investigador y, ante la presión irresistible, el presidente Nixon se vio obligado a reaccionar ordenando sus propias “investigaciones” (de mentirita, digamos), las que forzaron a dimitir a cuatro de los principales “hombres del presidente”. Entre ellos estaba John W. Dean, antiguo consejero presidencial, quien ante la perspectiva de acabar como chivo expiatorio, se decidió a sacar los trapitos al sol y dio información decisiva a Woodward y Bernstein.

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Dean reconoció en el Senado haber discutido decenas de veces, con Nixon o en su presencia, medidas secretas para frenar las investigaciones del Watergate, entre ellas pagos secretos a los acusados para comprar su silencio. También reveló más tarde que Nixon grababa las conversaciones que mantenía en el Despacho Oval con un grabador oculto, algo que ignoraban los miembros del gobierno, incluido el propio Henry Kissinger, secretario de Estado. Inicialmente Nixon negó tales acusaciones.

Para entonces, Nixon ya había desobedecido una orden judicial que lo obligaba a entregar las grabaciones. En octubre de 1973 el fiscal Archibald Cox rechazó la oferta de Nixon de entregar en cambio un resumen preparado de las grabaciones; Nixon ordenó entonces al fiscal general Elliot Richardson que despidiera a Cox. A consecuencia de eso, Cox renunció y Richardson también. Ese episodio fue llamado “fiebre del seabado a la noche”, y el caso quedó en manos del procurador general del Estado, Robert Brock.

A mediados de 1974 la presidencia de Nixon tambaleaba a causa de la corrupción y el abuso de poder puestos al descubierto por el caso Watergate. El comité del Senado presidido por Sam Ervin, que intestigaba el asunto Watergate, interpelaba en audiencias televisadas a agentes de la campaña de Nixon y a funcionarios de la Casa Blanca que admitían que se habían producido muchas irregularidades en la campaña, desde lavado de dinero hasta grabaciones ilegales (nada nuevo bajo el sol).

A medida las investigaciones avanzaban, muchos funcionarios (entre ellos el consejero de Estado John Ehrlichman, el antiguo fiscal general Richard Kleindienst, el antiguo consejero presidencial John Dean, el director de la campaña presidencial John Mitchell entre otros) fueron acusados de cargos relacionados con el caso Watergate, y el Congreso votó a favor de que se los procesara por alta traición.

En julio de 1974 el Tribunal Supremo ordenó al presidente entregar las cintas secretas para utilizarlas en el juicio del Watergate contra sus hombres. Los jueces resolvieron el debate con una histórica votación de ocho a cero contra los argumentos del presidente. A partir de ahí, Nixon perdió el apoyo de sus propios correligionarios del Partido Republicano, que estuvieron entonces dispuestos a votar a favor de una solicitud del Congreso de los Estados Unidos para iniciar un proceso de “impeachment” (destitución) del presidente.

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La Casa Blanca entregó el 24 de julio de 1974 siete de las nueve cintas exigidas, con la excusa de que las otras cintas “no existían”. Una de las cintas entregadas contenía una sospechosa “laguna” de silencio de 18 minutos.

El 5 de agosto Nixon fue obligado a entregar otro grupo de cintas (ahhh pícaro... ¿viste que sí había más cintas?), las que lo vinculaban directamente con el encubrimiento de actividades ilegales que involucraban a la Casa Blanca. Las grabaciones revelaron que Nixon era malhablado, cínico, tenía en ocasiones expresiones antisemitas y estaba obsesionado con sus “enemigos”.

El 8 de agosto, Richard Nixon anunciaba su dimisión.“No soy un desertor. Abandonar mi cargo antes de terminar mi mandato es totalmente contrario a todos mis instintos. Pero como presidente debo pensar en las necesidades de mi país antes que en las mías”.

Woodward, Bernstein y el director Bradlee mantuvieron la identidad de Garganta Profunda en el anonimato durante décadas, cumpliendo su compromiso profesional de no revelar las fuentes. En 2005, 33 años después del inicio del caso, la familia de Garganta Profunda, quien se encontraba muy enfermo, daría a conocer su identidad a la revista Vanity Fair: se trataba del agente del FBI Mark Felt, que en la época de Nixon ocupaba el puesto de director asociado del FBI. Murió el 18 de diciembre de 2008.

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